Por Horacio Verbitsky
Publicado en PAGINA 12
Publicado en PAGINA 12
Las históricas matanzas entre liberales y conservadores colombianos, la lucha de una guerrilla marxista contra un Estado oligárquico y la actuación de bandas paramilitares armadas por los ganaderos y controladas por los militares fueron contaminados por el negocio de la comercialización de psicotrópicos de uso prohibido y por la intervención estadounidense. Desde que en 1975 la comisión presidida por el senador Frank Church investigó las atrocidades cometidas por la inteligencia norteamericana en Asia, Africa y Latinoamérica, la guerrilla dejó de ser una justificación admisible para la intervención y el control. Se acudió entonces con tal propósito a la denominada guerra contra la droga y, desde hace algunos años, a la definición del narcoterrorismo. El presidente Alvaro Uribe fue un sorpresivo vencedor en las elecciones de 2002 porque prometió guerra sin cuartel contra las FARC, luego de las fallidas negociaciones de paz de sus predecesores. Tuvo suficiente éxito como para ser reelecto en 2006 y conservar índices de aprobación muy elevados, coincidentes con los de rechazo a las FARC. Pero al cabo de seis años se llegó a una situación de jaque perpetuo. Las guerrillas no pueden construir poder fuera de las zonas selváticas que controlan y en las ciudades suscitan fuerte rechazo, pero el gobierno no consigue controlar todo el territorio y desalojarlas de sus reductos remotos. Una contradicción semejante ocurre con el método brutal de la toma de rehenes: provoca repulsión dentro y fuera de Colombia pero sirve como escudo protector contra bombardeos indiscriminados por parte del gobierno. Uribe consiguió expulsar a las FARC de las ciudades y avanzó en la desmovilización de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, con un ofrecimiento de reducción de penas. Los paramilitares que confesaran cualquier tipo y cantidad de crímenes recibirían no más de ocho años de cárcel y una vez descontados los tiempos de la negociación tal vez apenas dos y medio. En función de esa denominada ley de justicia y paz, casi un millar de paramilitares dieron su versión libre de los hechos al Ministerio Público, a raíz de lo cual se los llama los versionados. Estuve en Bogotá en noviembre, invitado por la revista Semana, que dirige Alejando Santos, sobrino del vicepresidente de Uribe; la Fundación Ideas para la Paz, creada por grandes empresas con actividad en Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y el gobierno de Canadá. Durante el seminario internacional sobre Verdad, Memoria y Medios de Comunicación se analizó la gran crisis conocida allí como la parapolítica, desatada cuando muchos de los relatos involucraron a legisladores y ministros del oficialismo y reavivaron las sospechas sobre el propio presidente Uribe.
En diciembre el diario estadounidense El Nuevo Herald retomó una investigación de 1984 sobre el asesinato del ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. El periodista colombiano Gerardo Reyes citaba como fuente el expediente judicial y el testimonio de su hermana, Cecilia Lara Bonilla, ex gobernadora del estado de Huila. Su hermano le mencionó como prueba el descubrimiento de un helicóptero propiedad de una empresa del padre de Uribe, el ganadero y criador de caballos Alberto Uribe Sierra, durante el allanamiento a un laboratorio de cocaína en una propiedad del cartel de Medellín conocida como Tranquilandia. “La mafia ha entrado en todos los estamentos del país”, dijo Lara Bonilla a Cecilia. También le contó que Uribe Sierra había sido asesinado al bajar del aparato. Alvaro Uribe siempre sostuvo que a su padre lo mató la guerrilla al resistir un secuestro. El presidente y su familia dijeron que la máquina fue vendida antes del operativo policial del que participó la DEA, pero según el Herald nunca aportaron la documentación respectiva. El coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez, que coordinó la operación en Tranquilandia, declaró que Lara Bonilla temía un atentado “de los dueños del helicóptero”. Ramírez fue asesinado poco después que Lara Bonilla y que Uribe Sierra. El hijo del ex ministro, Rodrigo Lara Restrepo, fue designado por Uribe al frente de la Oficina Anticorrupción. Renunció hace un par de semanas, luego de estudiar los documentos del expediente y las declaraciones de su tía Cecilia.
Varias decenas de legisladores y políticos fueron detenidos a raíz de las confesiones de los versionados. Pero además, la Corte Constitucional colombiana condicionó la aplicación de la ley al cumplimiento de normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación y estableció que la reducción de penas se perdería de comprobarse omisiones o mentiras en el relato. También amplió el plazo disponible por los fiscales para la investigación, exigió la devolución de todos los bienes malhabidos y el pago de reparaciones y admitió la participación de las víctimas en el proceso. Ahora comenzarán los interrogatorios formales, en los que los paramilitares deberán responder preguntas de los fiscales y recibirán condenas de los jueces. No le falta razón al gobierno de Colombia cuando señala el desconocimiento generalizado en el exterior sobre la situación del país aunque no es seguro que la mayor información le convenga. El tembladeral político recién comienza.