Por Fernando Krakowiak
Publicado en PAGINA 12
Los dirigentes de Federación Agraria afirman que al oponerse a la política agropecuaria oficial defienden a los pequeños y medianos productores frente al avance de los pools de siembra. Sin embargo, el espacio que integran articula cotidianamente estrategias con miembros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la entidad que mejor representa los intereses de esos pools. El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, incluso participó del último congreso de Aapresid y se estrechó en un cálido abrazo con su presidente Gastón Fernández Palma. “Nosotros nos encolumnamos detrás de las entidades gremiales, hasta hicimos aportes financieros a las campañas de difusión. No nos involucramos en la política partidaria, pero entendemos que sí lo debemos hacer en las cuestiones de política agropecuaria”, reconoció Fernández Palma el pasado 11 de julio en una entrevista concedida al portal Infocampo. Por si algún desprevenido no lo sabe, Aapresid está integrada por las multinacionales Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer, entre otras.
La conducción de Federación Agraria remarca cada vez que puede que la serie de protestas iniciadas hace un año constituyen un nuevo Grito de Alcorta, en referencia a la rebelión campesina de 1912, pese a que en esta ocasión lo hacen con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina, entidad que representa a los terratenientes contra los cuales se habían rebelado aquellos campesinos.
Los federados reivindican al Estado como regulador de la economía y se llenan la boca elogiando el papel que en el pasado cumplió la ex Junta Nacional de Granos. Sin embargo, cuando el Gobierno dejó trascender que evaluaba la estatización del comercio exterior, la conducción de la entidad firmó una solicitada oponiéndose a la medida y luego argumentaron que una cosa es la “estatización” y otra distinta la “nacionalización”, como si la Junta Nacional de Granos hubiera estado controlada por un grupo de pymes agrícolas.
Federación Agraria se siente parte de los sectores populares. Integró el Frente Nacional contra la Pobreza, la Paritaria Social y cada vez que puede se solidariza con las distintas luchas que llevan adelante los trabajadores. No obstante, el martes pasado su presidente fue el vocero de la Mesa de Enlace al momento de incluir dentro de las exigencias del sector rural una rebaja de los aportes patronales y una “readecuación” de la legislación laboral, pues afirma que la normativa actual los “obliga” a tener parte de su personal en negro. Es el mismo argumento que utilizaban los defensores del neoliberalismo cuando impusieron la flexibilización laboral en la década del ’90, aunque Buzzi sostuvo que ambas medidas se tendrían que llevar adelante “sin afectar el derecho de los trabajadores”, como si no existiera contradicción entre una cosa y la otra. Con la misma lógica, los banqueros podrían hacer lobby para justificar futuros aumentos de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y luego salir a decir que esperan que esa medida no afecte a los que contrajeron una deuda para comprar su casa.
Federación Agraria también dice preocuparse por la situación de los agricultores de subsistencia. Ayer, sin ir más lejos, su presidente pidió que se contemple la situación de los miles de productores que en Santiago del Estero vienen siendo desalojados de sus tierras, aunque a continuación afirmó que había que tratar de que “convivan con los que traen soja y dinamismo a la región”, como si no supiera que son justamente esos que llevaron la soja los que los han estado desalojando.
No es un pecado defender los intereses patronales de la cadena agroindustrial sojera con uñas y dientes. Es un negocio que genera miles de millones de dólares y es sabido que el dinero es uno de los nervios más sensibles. La paradoja, en todo caso, es hacerlo en representación de los pequeños productores, que en muchos casos han sido víctimas de la sojización, e incluso en nombre de los sectores populares, disfrazando una reivindicación sectorial como una gesta “federal”, “nacional” y “patriótica”. Ese cinismo es difícil de disimular.
Los dirigentes de Federación Agraria afirman que al oponerse a la política agropecuaria oficial defienden a los pequeños y medianos productores frente al avance de los pools de siembra. Sin embargo, el espacio que integran articula cotidianamente estrategias con miembros de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la entidad que mejor representa los intereses de esos pools. El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, incluso participó del último congreso de Aapresid y se estrechó en un cálido abrazo con su presidente Gastón Fernández Palma. “Nosotros nos encolumnamos detrás de las entidades gremiales, hasta hicimos aportes financieros a las campañas de difusión. No nos involucramos en la política partidaria, pero entendemos que sí lo debemos hacer en las cuestiones de política agropecuaria”, reconoció Fernández Palma el pasado 11 de julio en una entrevista concedida al portal Infocampo. Por si algún desprevenido no lo sabe, Aapresid está integrada por las multinacionales Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer, entre otras.
La conducción de Federación Agraria remarca cada vez que puede que la serie de protestas iniciadas hace un año constituyen un nuevo Grito de Alcorta, en referencia a la rebelión campesina de 1912, pese a que en esta ocasión lo hacen con el apoyo de la Sociedad Rural Argentina, entidad que representa a los terratenientes contra los cuales se habían rebelado aquellos campesinos.
Los federados reivindican al Estado como regulador de la economía y se llenan la boca elogiando el papel que en el pasado cumplió la ex Junta Nacional de Granos. Sin embargo, cuando el Gobierno dejó trascender que evaluaba la estatización del comercio exterior, la conducción de la entidad firmó una solicitada oponiéndose a la medida y luego argumentaron que una cosa es la “estatización” y otra distinta la “nacionalización”, como si la Junta Nacional de Granos hubiera estado controlada por un grupo de pymes agrícolas.
Federación Agraria se siente parte de los sectores populares. Integró el Frente Nacional contra la Pobreza, la Paritaria Social y cada vez que puede se solidariza con las distintas luchas que llevan adelante los trabajadores. No obstante, el martes pasado su presidente fue el vocero de la Mesa de Enlace al momento de incluir dentro de las exigencias del sector rural una rebaja de los aportes patronales y una “readecuación” de la legislación laboral, pues afirma que la normativa actual los “obliga” a tener parte de su personal en negro. Es el mismo argumento que utilizaban los defensores del neoliberalismo cuando impusieron la flexibilización laboral en la década del ’90, aunque Buzzi sostuvo que ambas medidas se tendrían que llevar adelante “sin afectar el derecho de los trabajadores”, como si no existiera contradicción entre una cosa y la otra. Con la misma lógica, los banqueros podrían hacer lobby para justificar futuros aumentos de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y luego salir a decir que esperan que esa medida no afecte a los que contrajeron una deuda para comprar su casa.
Federación Agraria también dice preocuparse por la situación de los agricultores de subsistencia. Ayer, sin ir más lejos, su presidente pidió que se contemple la situación de los miles de productores que en Santiago del Estero vienen siendo desalojados de sus tierras, aunque a continuación afirmó que había que tratar de que “convivan con los que traen soja y dinamismo a la región”, como si no supiera que son justamente esos que llevaron la soja los que los han estado desalojando.
No es un pecado defender los intereses patronales de la cadena agroindustrial sojera con uñas y dientes. Es un negocio que genera miles de millones de dólares y es sabido que el dinero es uno de los nervios más sensibles. La paradoja, en todo caso, es hacerlo en representación de los pequeños productores, que en muchos casos han sido víctimas de la sojización, e incluso en nombre de los sectores populares, disfrazando una reivindicación sectorial como una gesta “federal”, “nacional” y “patriótica”. Ese cinismo es difícil de disimular.