Por Luis
Bruschtein
Publicado en PÁGINA 12
Un escenario
aterrador: el Vatayón Militante está reclutando presos (y de los peores) para
formar escuadrones de la muerte kirchneristas, La Cámpora está desarrollando
una campaña de lavado de cerebros en escuelas y jardines de infantes, se
nacionalizan empresas para esconder negociados obscenos, los movimientos
sociales se han convertido en grupos de choque rentados por el Gobierno y la
prensa libre está amordazada. Carrió dice que vivimos bajo una dictadura
fascista, la diputada independiente (del PRO) Laura Alonso dice que todas
las libertades y garantías individuales están en riesgo y un ex secretario de
Cultura afirma que los militantes kirchneristas son peores que los nazis.
Frente a tanto exceso pasa casi
desapercibido que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté
procesado por la formación de un grupo de inteligencia ilegal en el área del
Gobierno de la Ciudad, por haberle dado apoyo material y por haberse
aprovechado de sus actividades. El macrismo se respalda en ese escenario
estremecedor y explica que se trata de otra operación del kirchnerismo para
encubrir el sistema nacional-socialista hitleriano que se está incubando a
pasos acelerados en el país.
Nadie aclara cómo la prensa “libre”
favorecida por el 90 por ciento de la pauta publicitaria privada que es, a su
vez, el 90 por ciento o más de la pauta total, está silenciada. Porque esos
medios son los que han realizado la campaña contra el Vatayón Militante y
contra La Cámpora, contra la estatización de Ciccone, son los que publican panfletos
como el del ex secretario de Cultura Marcos Aguinis y los que dan entidad a las
expresiones de histeria política que son imposibles de constatar en la realidad. No hubo
ninguna medida contra esos medios. Son y serán criticados (como es normal que
suceda con cualquier medio de cualquier signo político), pero no fueron
perseguidos ni silenciados y seguirán su actividad por muchos años.
Hasta resulta gracioso que el escritor
que fue asesor del ex presidente De la Rúa acuse a los militantes sociales
kirchneristas de ser peores que los nazis porque “al menos –escribió– los nazis
tenían una ideología, en tanto que los kirchneristas lo hacen sólo por dinero”.
Gracioso, si no fuera patético, porque De la Rúa fue responsable de una
política represiva que produjo decenas de muertos entre la militancia social
como la que cuestiona Aguinis. Una militancia que resistió las políticas
neoliberales de los años ’90 que respaldó Aguinis. Pero además, Aguinis fue
secretario de Cultura durante once meses en el gobierno de Raúl Alfonsín. No
hizo nada que valga la pena destacar. Pasó por el cargo sin pena ni gloria.
Pero por esos mínimos once meses se hizo acreedor de una jubilación de
privilegio que no tuvo vergüenza en cobrar. Aguinis es un hombre de derecha y
no tiene autoridad para calificar de ser “peores que los nazis” a militantes
que participaron en la resistencia contra el neoliberalismo de los años ’90 que
destruyó al país y que fue apoyado por Aguinis, que nunca fue perseguido y, por
el contrario, se benefició materialmente por su actividad pública con una
inmerecida jubilación de privilegio. El hombre incluso defendió su derecho a
cobrarla. Más aún, en esa época se dijo que había sido apartado del cargo por
su inoperancia y por haber usado los vehículos oficiales para actividades
personales. El dicho popular asienta que el ladrón piensa que los demás son
como él. Es una metáfora, pero alguien que después de pasar once meses en la
administración pública piensa que tiene derecho a una jubilación de privilegio,
es lógico que suponga que los demás son como él. A una persona así ni se le
pasa por la cabeza que pueda haber una militancia desinteresada.
Si el país estuviera como lo pintan,
habría bandas violentas aterrando a los opositores o atacando a los medios
opositores o amedrentando a la población. Las policías estarían haciendo
allanamientos, maltratando a las personas y habría centenares de presos
políticos. No hay nada de eso. Y si se produjeron hechos aislados, ninguno
quedó impune como en otras épocas. Lo real es que lo del Vatayón Militante
admite un debate sobre las políticas penitenciarias de reinserción, pero no se
trata de la creación de bandas kirchneristas como dieron a entender los grandes
medios “silenciados”. Lo del adoctrinamiento en escuelas y jardines de infantes
no resiste el menor análisis. Y si se piensa, tampoco lo resiste la afirmación
de que se estatizó Ciccone para tapar un negociado. Puede haber o no hechos de
corrupción, pero estatizar para taparlos sería como tirar la bomba atómica para
destruir un hormiguero.
En todo caso, el tema de la corrupción
es discutible. Para los medios opositores y la oposición política, estaría
probada la participación del vicepresidente Amado Boudou. El Gobierno lo niega.
Y la Justicia hasta ahora no ha podido probar las acusaciones que hicieron los
medios. Es una investigación que ni siquiera tiene procesados. No hay nada que
apure al Gobierno para tapar nada, porque en la Justicia no parece haber ningún
destape. Usar este argumento para votar en contra de la estatización de Ciccone
después de haber presentado proyectos para estatizar esa misma empresa, como
sucedió con los radicales y una parte de los diputados del Frente Amplio
Progresista, pone en evidencia la debilidad de las convicciones. Fue más
coherente Luis Juez en ese sentido, que apoyó la estatización, aunque mantiene
la misma tesitura que el resto de la oposición respecto de las denuncias de
corrupción formuladas por Clarín y La Nación.
Uno de los reclamos de la oposición es
la falta de diálogo por parte del Gobierno, pero es muy difícil, aquí y en
cualquier parte, establecer un diálogo con alguien que lo acusa de
nazi-fascista o que lleva a niveles de insulto cualquier tema que se podría
prestar a debates enriquecedores. En ese punto, la oposición cierra la
posibilidad del mismo diálogo que reclama.
Lo que sí haría un régimen nazi o uno
fascista sería espiar la vida privada de los ciudadanos bajo sospecha o
molestos para el poder. No hay ninguna acusación mediática ni legal contra el
gobierno nacional sobre ese tema. Sin embargo, uno de los dirigentes más
importantes de la oposición, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
está procesado en un juicio por espionaje telefónico ilegal y los grandes
medios se esfuerzan por mantener el tema fuera de los titulares. Ayer el fiscal
federal Jorge Di Lello pidió que la causa, en la que está procesado Mauricio
Macri, fuera elevada a juicio oral.
La única defensa a la que atina el
macrismo es acusar nuevamente al gobierno nacional de haber armado la causa. Sin embargo, no
se trata esta vez de una acusación mediática imposible de probar ante la
Justicia o una acusación efectista como las que suelen montarse en las
operaciones de ese tipo. En este caso ya hubo una investigación que reunió
pruebas suficientes para acusar a Macri de partícipe necesario en la formación
de un grupo de inteligencia ilegal en su gobierno y de haberse favorecido con
su actividad en, por lo menos, dos casos: el espionaje al familiar de víctimas
de la AMIA, Sergio Burstein, y el que se realizó a un cuñado del mismo Macri,
que no es aceptado por la
familia. La investigación judicial fue desarrollada en
primera instancia, luego ratificada por la Cámara y luego por Casación. Se
trata de una causa que difícilmente pueda ser considerada parcial o manipulada
en algún sentido.
Macri tiene que responder a esas
acusaciones concretas, no le alcanza con acusar al gobierno nacional. Pero su
estrategia dilatoria da la impresión de que no tiene más respuestas. El juicio
oral y público recién se realizaría a finales del año próximo, es decir poco
después de las elecciones del 2013 y antes de las del 2015, donde Macri será
candidato presidencial. La especulación de Macri es estirar las acciones
legales hasta el fin de su mandato. Entre tanto se mantendrá esta situación tan
grave y, al mismo tiempo, silenciada en la que un jefe de Gobierno, uno de los
principales dirigentes de la oposición y candidato presidencial, esté procesado
por la Justicia por abuso de poder para espiar en forma ilegal a los
ciudadanos. Quizás esta situación explique la estrategia de Macri de
victimizarse o de confrontación permanente y sobre cualquier tema con la Casa Rosada. Si su
única defensa es acusar al gobierno nacional, tiene que colocarse públicamente
como su principal enemigo.